En la localidad de San Javier esta mañana se han manifestado los trabajadores de los Juzgados y el Registro Civil en contra de la supresión de partidos judiciales y contra la privatización del Registro Civil.
Una semana más nos concentramos en unión de los compañeros y compañeras en defensa de los Registros Civiles y de los Partidos Judiciales, porque a pesar de las manifestaciones ultimas del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, creemos que se deben defender todos y cada uno de los partidos judiciales de la Región; que la justicia debe ser cercana y gratuita para toda la Ciudadanía; y que las reformas que quiere hacer el Sr. Gallardón en nada beneficia a la supuesta justicia eficaz y eficiente que tanto proclama el Ministro de Justicia.
En San Javier, donde sus siete juzgados se encuentran saturados; donde el Registro Civil no puede dar el servicio que se merecen sus ciudadanos a pesar del esfuerzo desmesurado de los compañeros que realizan funciones en el mismo y en vez de intentar mejorar el servicio con la ampliación de plantillas y separación de jurisdicciones, plantea el Ministro con su reforma a la LOPJ la desaparición de este partido judicial como el resto de los de la Región de Murcia. Esta en la justicia eficaz del Gobierno.
El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO denuncia que el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado el pasado 4 de abril, pretende modificar toda la organización judicial. El texto establece la eliminación de la justicia de proximidad con la supresión de todos los partidos judiciales y de los juzgados de paz. CCOO rechaza categóricamente estas medidas y alerta de que si el contenido del proyecto de la reforma de la LOPJ se mantiene, millones de personas tendrán cada vez más obstáculos en el acceso a la Administración de Justicia. Por estos motivos, el sindicato anuncia que incrementará las movilizaciones si el Gobierno insiste en mantener el texto aprobado en la futura ley.
Además, CCOO rechaza dicho anteproyecto porque, entre otras medidas, impone la pérdida de los derechos de más de 45.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, permite la amortización de cientos de puestos de trabajo en toda España, impone la movilidad forzosa geográfica y condena a cientos de personas interinas al despido.