El pleno del Ayuntamiento de San Javier aprobó ayer por unanimidad una propuesta presentada por el grupo popular en la que se defiende el mantenimiento de la sede del partido judicial de San Javier, que cuenta con 7 Juzgados de Primaria Instancia e Instrucción, y se pide que se eleve a categoría de magistrados a los jueces que prestan servicios en los Juzgados.

La propuesta, que fue presentada por la concejala de Seguridad Ciudadana y Contratación, María Teresa Foncuberta, solicita asimismo que se cree un destacamento de Fiscalía que agilice la tramitación de los asuntos que requieren la intervención del Fiscal y que se cree un Registro Civil independiente, en el partido judicial de San Javier.

Foncuberta defendió como una "prioridad" elevar a segunda categoría los Juzgados de San Javier por el elevado índice de población, la carga competencial y la complejidad de los asuntos que llegan "por lo que precisan de la experiencia y estabilidad que aportaría la elevación a magistrados de los jueces".

La edil de Seguridad Ciudadana recordó que la población del partido judicial, que agrupa a los municipios de Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, suma 111.850 habitantes, que en verano alcanzan los 600.000, "por lo que cumple con los requisitos que establece la ley para elevar categoría".

María Teresa Foncuberta apunto, asimismo, que 4 de los7 juzgados de San Javier superan el 150% de carga de trabajo, a lo que se suma la complejidad de los asuntos recibidos en una zona que recibe una gran cantidad de población extranjera y que tiene una amplia y variada actividad empresarial "por lo que la elevación a segunda categoría para el partido judicial de San Javier aseguraría la estabilidad de los órganos judiciales, la agilización en la tramitación de las causas y la reducción de temas pendientes".

La propuesta incluye asimismo, la creación de un Registro Civil Independiente , ya que el actual depende del Juzgado N°1 , y carece de los medios humanos y materiales suficientes, al contar solo con dos funcionarios, y uno de apoyo, con el fin de mejorar el servicio.

La propuesta, que recibió el respaldo de todos los grupos políticos,, va dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su traslado al Ministerio de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y al Consejo General del Poder Judicial.